¿Son los abogados funcionarios públicos al emitir una opinión legal a petición del Estado de Perú?

Wilfredo Murillo: «Pocas veces en Latinoamérica se ha dado esa figura de imputar a los operadores de servicios legales por una responsabilidad sobre su opinión jurídica. Como no es normal que seamos reconocidos como funcionarios públicos, no tendríamos que tener una responsabilidad frente a actos del Estado”

El pasado 5 de julio de 2022, la Procuraduría General del Estado de Perú publicó una nota de prensa en la que se anunciaba que la Procaduría ad hoc para el caso Lava Jato «había logrado» que el Poder Judicial incluyera al Estudio Echecopar en la investigación del subcaso «Gasoducto Sur Peruano II», según publica Idealex en un artículo en el que participa nuestro socio Wilfredo Murillo.

La Procuraduría tiene como objetivo que este estudio asuma una reparación monetaria como tercero civil responsable, «el cual tendría que ser pagado al final del proceso penal».

Tal y como indica el medio, el argumento que justifica esa decisión se remonta «a la licitación de la adjudicación del proyecto del «Gasoducto Sur Peruano» en 2014, en la que uno de los concursantes no habría cumplido con todas las reglas de presentación del proyecto, ante lo cual la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) consulta a sus abogados internos para tomar una decisión de descalificación justificada. La consecuencia de descalificar a uno de los participantes era por dar ganador al otro: el conglomerado integrado por Odebrecht -ahora Novonor y Enagás».

Pero esto no es lo único que alega la Procuraduría, que explica que la Proinversión también contrató al Estudio Echecopar para que ofreciera su opinión en un informe legal, que sostenía la tesis de que la descalificación del concursante era válida y legal.

«Ahora, ocho años después y luego de que el Caso Lava Jato remeciera a varios países de Latinoamérica, los dos profesionales que firmaron el informe contratado por el organismo estatal son investigados por delito de colusión gravada, medida que tomó como fundamento de base lo siguiente: al elaborar el informe, los abogados se habrían transformado en funcionarios públicos que tomaron una decisión en contra de los intereses del Estado de Perú. Como ambos forman parte de Estudio Echecopar y el informe se emitió a nombre de la firma, la Procuraduría exige que la firma pague US$ 1.302.354.891 y PEN 200.603 (soles peruanos) en calidad de tercero civilmente responsable, por los daños derivados del delito de colusión».

Wilfredo Murillo, socio de Gericó Associates en el Estado de Perú, es preguntado por Idealex

Idealex ha consultado a abogados, académicos y analistas del mercado, entre ellos Wilfredo Murillo, sobre el impacto de los argumentos jurídicos en la industria legal.

«Pocas veces en Latinoamérica se ha dado esa figura de imputar a los operadores de servicios legales por una responsabilidad sobre su opinión jurídica. Como no es normal que seamos reconocidos como funcionarios públicos, no tendríamos que tener una responsabilidad frente a actos del Estado», afirma.

Le preocupa a Murillo que los efectos del caso van más allá y afecta a otros estudios, «ya que habría habido por mucho tiempo una búsqueda innecesaria por parte del Poder Judicial para justificar la participación de algunos estudios en casos en los que visiblemente no han tenido ninguna participación». Suma que «hay una preocupación general entre los estudios de que si se sigue esta línea, probablemente, vaya a existir muchas firmas reconocidas que para evitar cualquier tipo de señalamiento posterior evitarán trabajar con el Estado, el cual termina siendo el mayor perjudicado al no poder contar con la participación de estudios de alto perfil en proyectos de gran valor».

Considera, también, que las firmas de abogados deben «entender que todavía mantenemos esa vinculación social de la corrupción con nuestra profesión, entonces la sociedad va a sentir que, efectivamente, estamos coludidos, ya que basta que nos indiquen para que crean que se nos está investigando. Tenemos que hacer un trabajo bien fuerte para contrarrestar eso».

Para concluir, el especialista en Marketing y Comunicación explica que, bajo su punto de vista, la respuesta que ofreció la firma al publicar un comunicado de prensa fue adecuada; no obstante, deberían haber hecho un trabajo más amplio en cuanto a transmitir su versión de los hechos a la sociedad, que no siempre entiende cuál es la labor del abogado.

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